La discusión pública en torno a una reforma electoral siempre debería partir de una premisa básica, que es fortalecer la democracia a través de una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, pero sin establecer mecanismos de simulación que sólo pretenden mayor concentración del poder en unas cuantas manos.
Y es en ese sentido el llamado reciente del sector empresarial, para frenar los cambios impulsados desde el gobierno federal, debido a que se pueden alterar equilibrios institucionales en una coyuntura bastante delicada por la que atraviesa México.
Hoy nuestro país enfrenta desafíos profundos que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas, como la inseguridad, la cual persiste como una de las principales preocupaciones ciudadanas; además, el sistema de salud arrastra rezagos significativos y el crecimiento económico no alcanza los niveles necesarios para garantizar bienestar sostenido.
Por tal motivo, en este contexto abrir un frente de discusión sobre las reglas electorales parece, cuando menos, una decisión cuestionable e innecesaria en términos de prioridades.
Y si bien no se trata de negar la posibilidad de mejorar el sistema democrático, porque ninguna institución es perfecta ni está exenta de ajustes, lo cierto es que las reformas de gran alcance requieren algo más que voluntad política, pues se necesita construir consensos, promover un diálogo amplio y, sobre todo, fomentar la confianza.
Pero cuando estas condiciones no se cumplen, cualquier cambio corre el riesgo de percibirse como una imposición, lo que inevitablemente genera conflictos sociales.
Uno de los puntos más sensibles es la certidumbre, dado que las reglas del juego democrático no sólo organizan elecciones; también envían señales claras a la población y a los inversionistas sobre la estabilidad del país.
Así que alterarlas sin un acuerdo sólido puede generar dudas que trascienden lo político y se trasladan al ámbito económico.
La inversión, tanto nacional como extranjera, depende en buena medida de que exista un escenario de certeza jurídica y paz social.
La experiencia reciente ha demostrado que las instituciones electorales han permitido transiciones pacíficas, alternancia en el poder y una competencia cada vez más plural, y estos logros no son menores, son, de hecho, pilares que han contribuido a consolidar un sistema democrático que, con todas sus imperfecciones ha avanzado de manera significativa en las últimas décadas.
Baja California fue la entidad pionera a nivel nacional para garantizar elecciones confiables, pues fue aquí donde se creó la primera credencial estatal para votar con fotografía, con listados nominales y urnas transparentes, logros que se concretaron por tener órganos electorales ciudadanizados e independientes.
Aparte, existe un factor de oportunidad política que no debe ignorarse, y más en situaciones de tensión social, porque los gobiernos están obligados por ley a concentrar sus esfuerzos en resolver problemas urgentes, desviar la atención hacia reformas que generan división puede reducir la capacidad de respuesta en áreas donde la ciudadanía exige resultados concretos.
El debate, por supuesto, no debe cerrarse, pero sí debe replantearse. Entonces, más que acelerar cambios, lo que el país requiere es construir acuerdos, escuchar a todos los sectores -no sólo a los políticos, sino también a empresarios, académicos y sociedad civil-, para que cualquier reforma aspire a perdurar.
En última instancia, la fortaleza de una democracia no está en su capacidad de cambiar, sino por la manera en que decide hacerlo, e imponer en lugar de consensuar divide y debilita.
En conclusión, México no necesita incertidumbre adicional, requiere certeza, estabilidad y rumbo claro.
