Eloísa Talavera Hernández*
Es imposible hablar de la situación actual de México sin mencionar el deterioro económico que asedia al país. Baja California no es la excepción; aquí, los negocios han cerrado sus puertas a la desesperanza, y nuestra economía se encuentra a merced del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Es preocupante ver cómo nuestras autoridades encabezadas por Claudia Sheinbaum y su retahila de narcogobernadores, parecen más interesadas en fortalecer sus posiciones que en revisar críticamente un acuerdo vital para nuestra frontera. Con tantos gobernadores fronterizos tejiendo redes de corrupción, enfrentamos un verdadero lastre en lugar de un respaldo, pues están investigados por Washington, con cuentas congeladas y sin Visas.
Ahora, por si fuera poco, tenemos que lidiar con el famosísimo «Plan B», una reforma electoral que a todas luces es un intento por silenciar cualquier oposición bajo la máscara de la austeridad. Pero seamos claros: decir que la democracia es costosa y que esos ahorros se destinarán a salud y otros programas es un discurso que huele mal. La realidad es que este intento de reforma busca controlar más que promover. La actual administración nos quiere decir cuántos diputados y regidores debemos tener, como si en pleno siglo XXI tuviéramos que volver a los tiempos de la dictadura. ¡Eso es intervencionismo puro!
Lo más grave aquí es que estamos ante una violación abierta del federalismo. Este principio no es sólo un capricho del pasado; es la esencia de un acuerdo entre los estados, el meollo de nuestra convivencia como país. Al imponer topes presupuestales en los congresos locales y limitar la capacidad de los ayuntamientos para organizarse de acuerdo a sus realidades, lo que se está debilitando son los contrapesos políticos. Y cada vez que eso sucede, la democracia a la que aspiramos se vuelve más frágil.
¿Y qué hay del argumento de la austeridad? Esa premisa está sustentada en hilos débiles. Se habla de recortes a salarios y eliminación de privilegios, pero mientras esto se lleva a cabo, los partidos políticos ya están en modo campaña, preparando su terreno de cara a las elecciones de 2027. El gasto político no desaparece con un simple decreto; simplemente cambia de dirección. Los ajustes que se hacen son superficiales, pensados para calmar al enojo público y esquivar la crítica, mientras los verdaderos intereses que operan detrás están libres y sueltos.
Es aquí donde está la verdadera trampa; recortamos lo visible, lo que genera molestia, pero la estructura que realmente sostiene el juego electoral permanece intocable. Así se combate la forma sin tocar el fondo, mientras el fortalecimiento de las instituciones que deberían garantizar elecciones justas, cancha pareja, queda en el limbo.
Si el plan «B» avanza como está planteado, el problema no será cuánto se ahorró. El problema será cuánto se perdió. De verdad si la presidenta quiere ahorrar, lo que deberían de hacer es dejar de robar, ahí están los números del saqueo del huachicol fiscal dicho por ellos mismos -600 mil millones de pesos-, el desfalco de Segalmex que superó los 15 mil millones de pesos desviados. Y todo el desfalco de Pemex y de las obras faraónicas, como el tren Maya, el aeropuerto AIFA, la refinería que no refina y que ya quemaron costando vidas humanas. Este si es saqueo frente a su argumento más fuerte del ahorro de su plan «B» que, con todo alcanza los 4 mil millones de pesos, es una burla para los mexicanos.
México no necesita una reforma electoral que debilite más nuestra democracia. Lo que realmente necesita es un cambio profundo que busque fortalecer nuestras instituciones, garantizar el respeto a la soberanía de cada estado y, sobre todo, proteger la voluntad de sus ciudadanos. Como bajacalifornianos y mexicanos, no merecemos menos que eso.
*Ex diputada federal
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