El intento de imponer un tope al gasto de los congresos estatales en México -planteado en la reforma (Plan B) impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum- abre una discusión necesaria y largamente postergada, que es ¿cuánto cuesta realmente la representación democrática en los estados? y, más importante aún, ¿cuánto debería costar?
Al respecto, las cifras no mienten, porque en conjunto, los 32 congresos locales ejercen más de 23 mil millones de pesos al año, con un promedio de 0.73 por ciento del presupuesto estatal.
A primera vista, podría parecer una proporción marginal; sin embargo, al contrastar la disparidad entre entidades la situación cambia radicalmente, pues mientras algunos estados han mantenido sus gastos por debajo del umbral propuesto de 0.70 por ciento, otros han convertido a sus aparatos legislativos en estructuras muy onerosas.
En este escenario, el caso de Baja California resulta especialmente ilustrativo -y preocupante-, dado que registra un gasto equivalente al 1.3% del presupuesto estatal, y su Congreso no sólo rebasa con amplitud el límite planteado, sino que además se ubica entre los más costosos del país.
Pero el problema no es únicamente el porcentaje, es el costo por legislador. Diversos análisis han señalado que los diputados bajacalifornianos se encuentran entre los más caros de México, lo que inevitablemente plantea preguntas sobre su eficiencia, productividad y la justificación de dicho gasto.
¿Recibe la ciudadanía de Baja California un servicio legislativo proporcional a ese costo? Esa es la pregunta de fondo.
Porque el gasto público no se evalúa de manera en abstracto, sino en función de resultados, como son leyes de calidad, fiscalización efectiva, cercanía con la ciudadanía y capacidad para responder a los problemas locales; pero cuando el costo es alto y los resultados son pobres o nulos, entonces se trata de un derroche.
Así que el planteamiento de fijar un tope uniforme del 0.70 por ciento busca precisamente introducir un criterio de racionalidad presupuestal. No se busca debilitar a los Congresos locales, sino de evitar excesos y promover una distribución más equilibrada de los recursos públicos. En teoría, obligaría a entidades como Baja California a revisar sus estructuras internas, reducir gastos superfluos y priorizar funciones.
No obstante, la medida también abre un debate más amplio. Un límite porcentual, aunque útil como referencia, no necesariamente atiende las particularidades de cada estado.
Factores como población, extensión territorial, complejidad administrativa y dinámica económica pueden influir en las necesidades reales de un Congreso.
En ese sentido, el riesgo es que un criterio uniforme termine siendo demasiado rígido o, por el contrario, insuficiente para corregir distorsiones más profundas.
Aun así, lo que resulta difícil de defender es la existencia de congresos que duplican el porcentaje de otros sin una justificación clara, y más en un país con profundas desigualdades sociales y con gobiernos municipales con severas limitaciones presupuestales.
Baja California, por su posición destacada en este ranking de gasto, tiene la oportunidad -y la responsabilidad- de encabezar un proceso de revisión interna.
Más allá de la imposición de un tope federal, el verdadero cambio debería surgir de un compromiso local con la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
La reforma propuesta no resolverá por sí sola los problemas de fondo, pero sí pone el dedo en una llaga evidente, que es el costo de la política en México, la cual sigue siendo, en muchos casos, difícil de justificar.
Y en estados como Baja California, esa discusión ya no debería ser opcional, sino urgente.
